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| Foto: Vanguardia |
Uno de los dos generales retirados llamados a juicio, es el mayor general Luis Felipe Montoya Sánchez, quien es oriundo de Villavicencio y el cual en 2018, asumió la jefatura del Estado Mayor de Operaciones y también formó parte,de la segunda división del Ejército.
La Procuraduría General de la Nación llamó a audiencia de juzgamiento disciplinario a dos generales en retiro, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales adscritos a la Jefatura del Estado Mayor Operaciones, el Comando de Apoyo Combate Inteligencia Militar, Comando Brigada #1 de Inteligencia Militar y los batallones de Ciberinteligencia, Inteligencia Militar Estratégico #4 y de Contrainteligencia de Seguridad de la Información, por presunta recolección de información de carácter íntimo de ciudadanos nacionales y extranjeros.
Entre los reproches que formuló el Ministerio Público está la presunta obtención, durante el año 2019, de información de carácter personal, tanto de los aparentemente perfilados, como de otras personas con quienes aquellos tendrían afinidad o interacción, en presunta contravía de los requisitos previstos en la Ley de Inteligencia y en una eventual afectación de los derechos fundamentales de personas, lo que fue calificado como una falta gravísima a título de dolo.
Igualmente se reprochó la presunta falta de vigilancia y control frente al aseguramiento de los fines y límites previstos en la Ley de Inteligencia, y de la verificación de los procedimientos y protocolos internos que aseguran la debida ejecución de la función de inteligencia. Comportamientos que dejarían incursos a los investigados en una falta grave.
En el juicio disciplinario deberán responder por la presunta recolección de información de carácter personal e íntimo de periodistas nacionales y extranjeros, integrantes de organizaciones sindicales, ONG, políticos y congresistas, en la que se habrían desconocido los requisitos y límites que fija la Ley de Inteligencia y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Así mismo, por presuntamente haber dispuesto en el mes de noviembre de 2019 el desplazamiento de personal del Batallón de Ciberinteligencia para realizar labores de inteligencia que favorecerían a un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, falta que fue catalogada como gravísima a título de dolo, por constituir una transgresión del numeral 80 del artículo 79 de la Ley 1862.
Desde el 9 de enero de 2020 el despacho del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, ordenó el inicio de una indagación disciplinaria para esclarecer los hechos y actividades presuntamente irregulares que se estarían desplegando desde unidades de inteligencia militar, en las que al parecer eran utilizados equipos tecnológicos para elaborar perfilamientos e interceptaciones.
Entre las pruebas que obran en el expediente figura la visita de inspección disciplinaria efectuada a las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia, informes técnicos científicos elaborados por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría -DNIE-, las declaraciones de los Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional y la visita a la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares, entre otras.
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