Así lo asegura el decreto 1009 del 14 de julio, expedido por el ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual establece austeridad en el gasto para las entidades que hacen parte del presupuesto General de la Nación.
Es así, como la entidad dirigida por Andrés Felipe García, podría recaer en investigaciones por parte de la Procuraduría y la Contraloría, si continúa con la idea de cambiarse de sitio en plena pandemia, toda vez que al parecer no hay contrato firmado, ni cargado al Secop, con fecha anterior a la expedición del decreto nacional.
Cormacarena es una entidad que recibe dinero de la nación para el funcionamiento y la inversión.
El artículo 5 del decreto afirma que estas entidades, deben abstenerse de hacer cualquier tipo de cambio de sede, mantenimiento o adquisición de bienes inmuebles.
Pese a que dentro del decreto expedido por el Gobierno Nacional, también se estipula que estos traslados se pueden realizar siempre y cuando no genere impacto presupuestal, la necesidad haga inaplazable la construcción, la edificación ponga en riesgo la seguridad de la personas o no brinde las condiciones adecuadas, esas excepciones no se ajustarían a las de la entidad, toda vez que en el lugar donde hoy por hoy está ubicada la sede, se viene trabajando desde 2002 sin ningún inconveniente.
Las directivas de Cormacarena deberán esperar unos meses más a que se termine la situación por la pandemia, con el fin de realizar los ajustes que sean necesarios.
Desde la entidad aseguraron, que por el momento no hay orden de traslado pese a que según ellos, es necesario, sin embargo, las autoridades investigan por qué se estarían realizando traslados de equipos de Cormacarena hacía un edificio, con el cual no tendrían ningún contrato.
Pese a que se intentó obtener copia de algún proceso legal realizado entre las partes, no fue posible que Cormacarena suministrara esos datos y en el sistema nacional tampoco aparecen registros.
0 Comentarios