La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra José Ramiro Galviz Díaz (2016-2017), y Héctor Enrique Montoya Guerrero (2017-2019), en sus condiciones de exsecretarios de Educación de San José del Guaviare, por posibles irregularidades relacionadas con la construcción de aulas en la institución Rafael Pombo sede Barrancón Palmera y el centro educativo indígena Caño Negro, en Guaviare.
De acuerdo con la investigación, Galviz Díaz habría recibido materiales entregados como donación por la Corporación Alemana Gesellshaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), para la construcción de dos aulas, los cuales al parecer fueron retirados sin ningún control de las ferreterías donde se encontraban.
Advierte la Procuraduría que los materiales habrían sido retirados con anterioridad a la suscripción del contrato celebrado para la construcción de las aulas y que se les habría dado un destino diferente al proyectado, impidiendo que las construcciones se iniciaran de manera inmediata.
El Misterio público también formuló cargos disciplinarios a Montoya Guerrero quien no habría terminado y liquidado el mencionado contrato de construcción, que estaba bajo su supervisión, manteniéndolo suspendido ante la falta de los materiales donados.
Por último, se cuestiona la conducta de este exsecretario de Educación, quien como supervisor del contrato 371 de 2018, suscrito para transportar los materiales para la construcción de una de las aulas, habría certificado su cabal cumplimiento y autorizado el pago al contratista, pese a que este compromiso no se ejecutó mientras estuvo en el cargo.
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