La decisión se habría tomado por presuntos actos anticompetitivos que habrían impedido la transacción de al menos 16 jugadores entre 2018 y 2021.
La SIC formuló pliego de cargos con el fin de establecer, si estos agentes habrían limitado la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores del fútbol colombiano, al impedir la transacción de al menos 16 jugadores, entre los años 2018 y lo corrido de 2021.
Además, la Superintendencia formuló pliego de cargos contra 20 personas naturales vinculadas con los agentes investigados, con el fin de determinar, si habrían permitido la colaboración, facilitación, autorización o ejecución de las conductas investigadas.
La investigación se inició, luego de la queja presentada por la Asociación Colombiana de Fútbol ACOLFUTPRO, representada por el abogado Jairo Rubio Escobar.
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