Durante una alocución reciente, el presidente Gustavo Petro denunció que más de 62.000 armas oficiales están desaparecidas, señalando que empresas de seguridad privada estarían facilitando su llegada a grupos criminales. Indicó que, bajo su mandato, se cancelaron 16 licencias de estas compañías por trámites irregulares, con la participación de funcionarios públicos nombrados en su administración. La Fiscalía investiga lo que denominó el “cartel de la carnetización”, en el que empresas certificaban como escoltas a delincuentes.
Entre las compañías implicadas está Pretorian Security Ltda., la cual, además de ser investigada por entregar armas y credenciales a miembros de estructuras como el Clan del Golfo, habría recibido un millonario contrato de la Unidad Nacional de Protección entre 2022 y 2023. Este dato no fue mencionado por el mandatario durante su intervención, aunque la empresa está siendo investigada por las autoridades junto a otras firmas como Securbel y Seguridad Sara.
La red ilegal habría funcionado mediante pagos por membresías que oscilaban entre 10 y 45 millones de pesos, con cuotas mensuales para mantener beneficios como porte de armas con salvoconducto, identificación legal y protección ante incautaciones. Las autoridades han incautado más de 100 armas y bienes por más de $1.800 millones. Algunas de estas armas siguen en manos de criminales, lo que agrava el riesgo de su uso en nuevos actos delictivos en distintas regiones del país.
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