El alcalde de Castilla La Nueva, Lenito Castro (foto centro), habría concentrado más de $3.737 millones de pesos en manos de una sola empresa, Suministros y Logísticas JM S.A.S, mediante contratación directa durante lo corrido de 2024 y parte de 2025. 7 de 9 contratos han sido adjudicados a esta firma sin licitación pública, lo que ha generado serias alertas sobre un presunto direccionamiento contractual.
Como si fuera poco, en varios de estos contratos se ha autorizado el pago de anticipos de hasta el 50 % del valor total, una práctica legal bajo ciertas condiciones, pero que, en contextos de concentración contractual, puede facilitar manejos opacos del recurso público, según expertos en contratación estatal.
La representante legal de la empresa, Derly Milena Virguez Parrado, es una ciudadana humilde del municipio de Acacías, quien según versiones extraoficiales actuaría como presunta testaferro de Jorge Oswaldo Echeverry Ramírez, (Izquierda foto) ex secretario de gobierno del municipio de Mapiripán en 2023,y supuesto verdadero beneficiario de la contratación.
Echeverry Ramírez, conocido por mantener un perfil bajo, no tiene fotografía en su hoja de vida del sistema SIGEP y, al parecer, evita ser captado en espacios públicos, lo que ha despertado sospechas sobre su rol real en la operación contractual. Según fuentes, sería él quien tendría el control de fondo de la empresa favorecida.
Los contratos adjudicados por contratación directa a Suministros y Logísticas JM S.A.S son los siguientes:
• $132 millones – febrero 2024
• $58 millones – marzo 2024
• $36,382,000 – marzo 2024
• $70 millones – junio 2024
• $246 millones – diciembre 2024
• $549 millones – enero 2025
• $39,780,000 – febrero 2025
• $35 millones – marzo 2025
• $2.572 millones – mayo 2025, Este último en ejecución para la contratación de artistas para el festival de tradiciones campesinas y cultura llanera
El uso reiterado de contratación directa con una misma empresa, sumado a altos porcentajes de anticipos, podría configurar según especialistas una posible estrategia para evadir la pluralidad de oferentes y limitar la competencia, en presunta contravía de la Ley 80 de 1993 y los principios de transparencia, eficiencia y selección objetiva.
Ciudadanos solicitan a los entes de control como la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, indagar si existe un patrón de fraccionamiento del objeto contractual, favorecimiento indebido o vínculos no declarados entre funcionarios y contratisas así como delitos contra la administración pública, como interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos o enriquecimiento ilícito.
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