Este lunes a las 10:00 a.m. se llevará a cabo la audiencia de riesgos del proceso de licitación pública 002 de 2025, por medio del cual la Alcaldía de Villavicencio pretende contratar la concesión del servicio de patios y grúas. No obstante, el proceso ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por presuntas irregularidades jurídicas y técnicas que podrían vulnerar principios de legalidad y libre concurrencia.
Según denuncias realizadas por expertos y ciudadanos, el objeto contractual contemplado en el proceso violaría normas del Código Nacional de Tránsito, así como disposiciones de la Ley 1150 de 2007, lo que pondría en entredicho la legalidad de la licitación.
Principales irregularidades denunciadas:
- Inmovilización ilegal de vehículos por causas penales: El artículo 167 del Código Nacional de Tránsito prohíbe que los vehículos inmovilizados por presuntas acciones delictivas sean trasladados a patios autorizados por la autoridad de tránsito. Sin embargo, el objeto del contrato pretende incluir este tipo de vehículos, lo que implicaría una acción fuera del marco legal.
- Exigencia indebida del Registro Único de Proponentes (RUP):De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, en los procesos de concesión no puede exigirse el RUP. A pesar de esto, el pliego de condiciones establece su obligatoriedad y advierte que la falta del mismo generará rechazo automático de las ofertas.
- Criterios de evaluación excluyentes y direccionados: Se otorgan puntajes adicionales a quienes acrediten la propiedad o uso de un lote urbano de 24.000 m² que cruce rutas autorizadas de transporte colectivo y cuente con licencia específica para operar como patio vehicular, no simplemente como parqueadero, lo cual reduce considerablemente la posibilidad de competencia.
- Recepción de ingresos por vehículos ya inmovilizados: El futuro concesionario recibiría beneficios económicos desde el inicio del contrato por vehículos que ya se encuentran inmovilizados y almacenados en patios, lo que representa una ventaja económica anticipada y discutible.
- Restricciones inusuales sobre experiencia contractual: El proceso sólo acepta contratos ya liquidados, excluyendo los contratos en curso, pese a que en otras concesiones se acepta la experiencia en ejecución como válida y demostrable.
- Exigencia técnica restrictiva y localizada:Se exige contar con una grúa de 20 toneladas de gancho con modelos exclusivamente de los años 2015 o 2016, un tipo de vehículo que solo estaría disponible en ciudades como Medellín, Bogotá o Barranquilla. Esta restricción no solo limita la participación regional, sino que excluye equipos más modernos (como modelos 2020).
- Requisitos imposibles en tiempos administrativos: Se exige la presentación de un certificado de uso del suelo expedido por la misma Alcaldía, cuyo trámite toma más de 30 días, cuando el cronograma del proceso no contempló este plazo, lo que deja sin posibilidad de cumplimiento a nuevos oferentes.
- Capacitación con exigencias desproporcionadas: Otro requerimiento polémico es la solicitud de un certificado de estudios en atención al público otorgado por una entidad habilitada por el Ministerio de Educación, con el permiso vigente al momento de la postulación, una condición poco común en procesos similares.
Llamado a la transparencia
Ante estos hallazgos, diferentes sectores han solicitado la suspensión temporal de la licitación hasta tanto se revisen las condiciones del proceso, se garanticen los principios de igualdad de oportunidades, libre concurrencia y legalidad, y se resuelva si efectivamente existen vicios de nulidad o direccionamiento.
La audiencia de riesgos que se realiza hoy será determinante para esclarecer si estos señalamientos son tenidos en cuenta por la administración municipal o si el proceso continúa pese a las advertencias.
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