Willington Henao Gutiérrez, alias “El Mocho Olmedo”, segundo al mando del Frente 33, fue ocultado durante 55 días en un hotel de Bogotá por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con autorización de la Fiscalía. Este hecho fue descubierto por la Corte Suprema, que denunció irregularidades en el proceso de extradición, causando malestar en el Gobierno de Estados Unidos. El capturado debía estar en La Picota, pero permaneció sin vigilancia judicial bajo custodia de inteligencia estatal.
La decisión de proteger al disidente fue motivada por su rol como delegado en la mesa de paz del gobierno con ese grupo armado. Según la fiscal Luz Adriana Camargo, la solicitud provino del Alto Comisionado para la Paz. Sin embargo, la DNI nunca reveló su paradero y llegó a negar su custodia. La Corte Suprema exigió explicaciones, y solo el 8 de abril la Fiscalía recuperó la custodia de alias El Mocho, trasladándolo finalmente a prisión.
Este caso ha generado fuertes cuestionamientos sobre el manejo del proceso de paz y la función de la DNI. Expertos como el exfiscal Jesús Albeiro Yepes señalaron que se trató de una burla a la justicia, calificando la situación como un reflejo de una peligrosa permisividad en nombre de la “paz total”. La posibilidad de que el disidente haya regresado al Catatumbo durante ese tiempo es ahora materia de investigación por agencias colombianas y estadounidenses.
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