Las autoridades desmantelaron una red dedicada al tráfico de clorato de potasio desde Ecuador hacia Colombia, sustancia utilizada como insumo para la fabricación de artefactos explosivos. El material era ingresado al país de forma irregular y distribuido a distintas regiones mediante camuflaje en cargamentos de abono agrícola y encomiendas.
Las investigaciones permitieron la judicialización de tres presuntos integrantes de la estructura: Sonia Patricia Prado Rosero, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio Usamak Vásquez. Entre 2024 y 2025, los dos primeros habrían facilitado el ingreso y la posterior distribución del químico, utilizando camiones y servicios de transporte para ocultar la sustancia.
Por su parte, Usamak Vásquez, quien trabajaba en una empresa de envíos, habría coordinado y verificado al menos 20 despachos del material, manteniendo activa la cadena logística del tráfico. Los procesados fueron imputados por el delito de fabricación, tráfico y porte de explosivos, no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. En total, se ha logrado la judicialización de 29 personas y la incautación de más de siete toneladas de material explosivo.
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