Hay lugares donde la tierra no solo se pisa: se sufre, se sueña y se espera. Como en Uribe, Meta.
Es uno de esos territorios donde la vida campesina no se contó en cifras, sino en silencios. Silencios largos, pesados, llenos de abandono, de promesas incumplidas y de una espera que parecía no tener final.
En ese lugar, la tierra no era solo tierra, era refugio en medio del conflicto armado. Era alimento cuando no había nada más. Era herencia sin papeles y trabajo duro. Las escuelas funcionaban sin documentos. Los puestos de salud existían sin respaldo. Las casas se levantaban sobre predios que no aparecían en ningún registro.
El Estado era apenas, o eso parecía, un sustantivo.
“Algún día esto será nuestro de verdad”, se repetía entre familias. Y ese “algún día” se fue quedando suspendido en el tiempo. Pero llegó, y llegó con la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, llegó con una jornada de entrega de títulos de propiedad rural.
Más de 300 personas acudieron a la cita. No por curiosidad, no por compromiso, sino porque sabían que algo estaba por cambiarles sus vidas. Hubo abrazos que duraron más de lo normal. Miradas que decían lo que las palabras no alcanzaban. Manos temblorosas recibiendo un papel que, para muchos, significaba toda una vida.
La Agencia hizo lo suyo, lo que le corresponde, atendió a su espíritu misional, a su esencia. Les entregó 43 títulos a entidades de derecho público. Cerca de 45 hectáreas ahora están blindadas, ¡tienen respaldo jurídico!
“Nosotros llevamos años construyendo vida en esta tierra, trabajando sin descanso, resistiendo en medio de muchas dificultades, pero sin un respaldo real. Hoy no solo recibimos un documento, recibimos la tranquilidad de saber que, lo que hemos levantado con tanto esfuerzo, ya tiene un reconocimiento legal y un futuro para nuestras familias”, afirmó José Patiño, representante legal de la vereda Santander.
En sus palabras no había discurso, como tampoco en la frase de Daniel Fernández, otro de los beneficiarios con la acción de la ANT:
“Para nosotros, la tierra no es un bien, es la vida misma”.
Y queriéndola reforzar dejó claro que la tierra, su tierra, la de sus vecinos, es memoria, “es nuestra cultura y nuestro futuro. Durante muchos años hemos cuidado este territorio sin que estuviera reconocido y hoy, este paso, representa respeto por lo que somos como comunidad indígena”.
Y es que en Uribe, la tierra no se posee, se cuida. Se honra. Se defiende. Las escuelas que antes funcionaban “prestadas” hoy tienen nombre propio. Los espacios comunitarios que resistieron al abandono hoy tienen respaldo. Las familias que sembraron durante años en la incertidumbre hoy tienen algo que nunca habían tenido: certeza.
“Durante años hemos trabajado en instituciones educativas que existían en la práctica, pero no en el papel. Hoy este proceso no solo le da legalidad al territorio, también le da estabilidad a la educación y a las generaciones que se están formando aquí”, señaló Darly Santacruz, docente y rectora en un centro educativo del sector.
Uribe no recordará este día por las cifras, ni por los discursos gubernamentales. Lo recordará por los abrazos, por las lágrimas de alegría.
Fue tranquilidad, justicia, futuro. Y, sobre todo, la posibilidad de empezar de nuevo sobre una tierra que siempre fue suya, pero, que hoy, también lo es en el papel.
Esas escuelas, casetas comunales y puestos de salud superaron los ‘muros’. Por fin.
“Esto elimina las barreras que impedían la inversión pública en estos espacios”, remarcó el director de la ANT, Juan Felipe Harman, presente en el evento.
Entonces, las heridas fueron cerradas. José, Daniel, Darly y todas y todos los favorecidos con lo hecho por el Gobierno del presidente Gustavo Petro ahora pueden estar tranquilos.
“Este Gobierno cumple llevando seguridad jurídica y resultados históricos al territorio”, fue contundente el director Harman.
A Uribe, en suma, le devolvieron dignidad, lo que se resistió a perder.
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