Se trata de la denuncia No 016 de 2020, por presuntos sobrecostos en las obras de remodelación en la ejecución del contrato Na 103-08-05-00016 de 2017.
De l contrato se suscribió el 28 de noviembre de 2017, por $292.207.013. Se ejecutó plenamente, de tal manera que el 22 de diciembre de 2017 se liquidó por el valor suscrito y el Municipio de Puerto López pagó la totalidad al contratista.
El ente de control, analizó dos cotizaciones de establecimientos de comercio de Villavicencio, con el fin de confrontar los costos pagados en el Contrato N°103-08-05-00016 de 2017, arrojando en este estudio costos de mercado de $240.873.664, cuyo valor es menor a los precios del contrato.
De manera preliminar, la Contraloría evidenció un presunto hallazgo administrativo con incidencia fiscal, disciplinaria y penal por cancelar un valor superior a los precios de mercado en varios elementos adquiridos mediante el contrato N°103-08- 05-00016 de 2017 suscrito entre el municipio de Puerto López y el Consorcio Muebles y Enseres 2017, representado por Martha Sofía Bueno Herrera en la suma de $51.833.349 según cotizaciones solicitadas por la Contraloría Departamental del Meta versus el acta de liquidación.
Esta situación genero un presunto daño patrimonial por sobreprecios, por una gestión fiscal ineficiente y antieconómica, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, modificados por el Decreto Ley 403 de 2020.
De acuerdo a información de la Contraloría, los presuntos responsables para la época de los hechos son; Víctor Manuel Bravo Rodríguez, Alcalde,
Alejandra Castillo Blandón, Jefe oficina de contratación, quien obra en nombre y representación del municipio y Wilmar Fausto Ovalle Becerra Secretario de Gobierno, en calidad de supervisor
Consorcio Muebles y Enseres 2017.
Por estos hechos, fueron notificados, los ex empleados públicos de dicho municipio, con el fin de que ejerzan el derecho de contradicción.
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