La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por la posible creación de una “alianza institucional” entre la fuerza pública y un grupo armado ilegal en la región del Catatumbo, como parte de una estrategia del Gobierno en el marco de la llamada “paz total”. Según Marín, se trataría de una zona de ubicación temporal para integrantes armados del frente 33, quienes seguirían portando armas en medio de una zona habitada, lo que podría agravar el conflicto con otro grupo insurgente activo en la zona.
Marín advirtió que esta situación implicaría que la fuerza pública tendría que brindar protección a una estructura armada que no ha sido desmovilizada y que continúa en guerra, lo que considera pone en riesgo tanto a la población civil como a la institucionalidad. Además, cuestionó la falta de un marco jurídico claro que garantice los derechos de las víctimas y regule el accionar del Estado en estos escenarios de transición.
Mientras tanto, la región del Catatumbo continúa inmersa en una crisis humanitaria: entre el 16 de enero y el 8 de mayo, han muerto 127 personas de forma violenta, incluyendo menores de edad y miembros de la fuerza pública. Más de 66.000 personas han sido desplazadas y cerca de 11.500 están confinadas, siendo Teorama el municipio más afectado. La confrontación entre grupos ilegales sigue cobrando vidas y dejando en evidencia la gravedad del conflicto.
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