La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a la exdiputada de la Asamblea Departamental del Meta, Claudia Patricia Garzón Torres (2016-2017), por presunta violación al régimen de inhabilidades.
Para el ente de control con este contrato la disciplinada vulneró el principio de moralidad que rige la función pública e infringió la primera parte del numeral 4° del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, que señala que no podrá acceder a un cargo de elección popular “quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento”.
La falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima.
El fallo de primera instancia fue apelado por la defensa de la investigada.
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