La Alcaldía de Villavicencio firmó un contrato interadministrativo por $2.000 millones con la Empresa de Tecnologías y Servicios Alborada (EICE) para modernizar la Secretaría de Movilidad en su funcionamiento interno.
El acuerdo, firmado por contratación directa y con plazo hasta el 31 de octubre de 2025, contempla digitalización de trámites, adquisición de software, fortalecimiento de la gestión documental, adecuaciones físicas de sedes, compra de equipos y mobiliario, internet dedicado, planta eléctrica, campañas de registro de vehículos y contratación de personal para apoyo operativo y administrativo.
Según el propio documento contractual, la Secretaría de Movilidad de Villavicencio no ejecutará directamente la mayoría de las tareas misionales, como la atención de trámites, el manejo de comparendos, la gestión documental, el cobro de cartera y la atención de peticiones ciudadanas. En su lugar, la administración decidió tercerizar estos servicios mediante un contrato de administración delegada con Alborada, que asumirá la operación diaria, contratará al personal y administrará los recursos destinados a estas funciones.
Fuentes consultadas señalan que Alborada subcontrataría parte de estas actividades con la empresa QX Tránsito o Quipux, cuyos dueños son los mismos que tuvieron la concesión de movilidad Sertravi, entre ellos Hugo Zuluaga y Álvaro Zuluaga. Esa concesión fue otorgada en el gobierno de Raúl Franco, tuvo una duración de 10 años y finalizó en 2020.
Como se recuerda, en febrero de 2025, la Contraloría Municipal de Villavicencio profirió un fallo con responsabilidad fiscal contra Sertravi por más de $113 millones, al determinar una distribución irregular de los recursos provenientes del recaudo de infracciones de tránsito durante la ejecución del contrato N° 776 de 2010. El órgano de control responsabilizó solidariamente a los socios del consorcio, así como a funcionarios de la Secretaría de Movilidad de las vigencias 2019 a 2021 y al director técnico de 2020. El fallo inhabilitó a las personas jurídicas y naturales implicadas para contratar con el Estado o desempeñar cargos públicos.
La posibilidad de que actores vinculados a Sertravi retornen al negocio de la movilidad, ahora bajo la figura de subcontratistas de Alborada, ha encendido alertas.
De igual forma, se advierte que dentro del alcance de este contrato podría estar el negocio de las fotomultas, que sería implementado a finales de 2025 o a comienzos de 2026, lo que representaría un ingreso sostenido para el operador y sus aliados.
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