El Departamento Nacional de Planeación (DNP) levantó la medida de protección inmediata que suspendía los pagos de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para el proyecto de mejoramiento y ampliación de la vía que conduce desde la intersección Fundadores hasta el acceso a Ciudad Porfía, en Villavicencio. La decisión quedó en firme mediante la Resolución 3140 de 2025, al concluir que la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) logró mitigar los riesgos de uso ineficaz o ineficiente de los recursos que motivaron la suspensión.
La medida había sido impuesta el 4 de marzo de 2025, por un valor de $38.812 millones, después de que el DNP identificara presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto, como incumplimientos en el alcance inicial, la no construcción de uno de los dos puentes proyectados en el sector de Caño Grande y cambios en los diseños, entre ellos la sustitución de la intersección a desnivel de La Rochela por una rotonda.
No obstante, el más reciente informe técnico de seguimiento, realizado el 13 de agosto de 2025, confirmó que el proyecto ya registra un 84,59 % de avance físico y que las suspensiones y prórrogas contractuales están soportadas en causas justificadas, entre ellas la pandemia, rediseños de estructuras, ajustes en el manejo de aguas lluvias y trámites prediales. El DNP concluyó que las modificaciones no afectan el cumplimiento de las metas e indicadores, y que la obra sigue en ejecución con fecha de terminación prevista para diciembre de 2025.
Con el levantamiento de la medida, AIM y el contratista podrán reactivar plenamente las actividades pendientes, que incluyen la instalación del puente peatonal en el sector de Playa Rica, una de las obras más exigidas por los habitantes de la zona, la construcción de urbanismo y el muro de protección de Montecarlo Alto, la vía paralela de ingreso con su alcantarillado pluvial, el tendido de cableado y la instalación de luminarias del nuevo sistema de alumbrado público.
Asimismo, está prevista la ejecución de dos tramos de pavimento, uno frente a Serramonte y otro sobre el puente antiguo de Caño Grande, además de la protección del tubo de TGI que atraviesa el corredor. Estas intervenciones buscan garantizar la seguridad de la infraestructura y mejorar la movilidad de los más de 150.000 habitantes que transitan a diario por el sector.
El DNP exhortó a la AIM a garantizar el estricto cumplimiento del cronograma y el uso eficiente de los recursos, e informó que los órganos de control y la Fiscalía General de la Nación seguirán acompañando el proceso para verificar la correcta ejecución de las obras.
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