Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, dirigida por Juan Felipe Harman, presentó su balance de gestión en el departamento del Meta, donde se consolidan avances significativos en acceso a la tierra, formalización de la propiedad rural y reconocimiento de derechos territoriales para comunidades étnicas, en el marco de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del Cambio.
Durante este periodo, la ANT ha entregado en el Meta 60.610 hectáreas a campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, mediante títulos ya registrados, otros en trámite de registro y entregas provisionales que permiten iniciar proyectos productivos mientras avanza el proceso jurídico. Un ejemplo de estos avances es el predio La Unión, en Restrepo, donde se entregaron 144 hectáreas a 28 familias afiliadas al Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim, filial de Fensuagro. Para su presidente, David Martínez Durán, esta entrega es “una lucha de largo aliento, de muchos años de resistencia y persistencia” y abre la posibilidad de consolidar proyectos productivos sostenibles y agroecológicos en el territorio.
En paralelo, la entidad ha formalizado 155.296 hectáreas en el departamento, dando seguridad jurídica a miles de hogares rurales que ya habitaban y producían en esos predios. Este proceso incluye la formalización de 283 hectáreas a favor de entidades de derecho público, lo que fortalece la titularidad de escuelas, puestos de salud, sedes comunitarias y otros equipamientos esenciales. La claridad en la
propiedad contribuye a la estabilidad de las familias rurales y de las instituciones locales, al mismo tiempo que facilita la inversión pública, el acceso a créditos, proyectos productivos y programas de fomento.
Para las mujeres campesinas víctimas del conflicto armado, estos procesos también tienen un sentido de reparación y recuperación de proyectos de vida. Miriam Moreno, integrante de Sintragrim y sobreviviente familiar de la Unión Patriótica, resalta que volver a la tierra significa rescatar saberes culturales y populares, volver a sembrar y retomar proyectos de vida que fueron truncados por el desplazamiento forzado. La posibilidad de regresar al campo y trabajar un predio propio se convierte, así, en una oportunidad concreta de dignificación y de reconstrucción del tejido social.
Comunidades étnicas, grandes favorecidas
Un capítulo central del balance corresponde a las comunidades étnicas. En el Meta se han formalizado 36.945 hectáreas y se han entregado otras 19.330 hectáreas a resguardos y territorios indígenas como Páez de Villa Lucía, Ondas del Cafre, Florida Kawinanae, Nuevo Milenio, el territorio Tsawilonia y el resguardo Vencedor Piriri, entre otros. Estos procesos reconocen jurídicamente territorios en los que se protege la cultura, los sitios sagrados y los sistemas de gobierno propio, constituyendo un avance decisivo para la pervivencia de los pueblos indígenas y la conservación de ecosistemas estratégicos en el departamento.
Estos resultados reafirman el compromiso de la Agencia Nacional de Tierras con la justicia y el ordenamiento social de la propiedad rural. Al cierre de noviembre de 2025, el Meta se posiciona como uno de los
territorios donde la política de tierras del Gobierno del Cambio muestra resultados concretos: más familias con acceso a la tierra, mayor seguridad jurídica sobre la propiedad rural y comunidades étnicas con
territorios reconocidos.
Para Luz Mila Vásquez Casas, coordinadora de la Unidad de Gestión Territorial Oriente de la ANT, este balance marca un punto de inflexión en la región: “Cada hectárea entregada o formalizada es una oportunidad real para que las familias campesinas y los pueblos indígenas construyan paz y futuro en sus territorios. Lo que estamos viendo en el Meta es que la Reforma Agraria dejó de ser una promesa y se convirtió en decisiones concretas sobre la tierra”.
De cara a los próximos años, la Agencia Nacional de Tierras proyecta que estos avances serán la base para seguir ampliando el acceso, profundizar la formalización y consolidar la Reforma Agraria y el ordenamiento social de la propiedad rural, contribuyendo a la paz y a la justicia territorial en el país.
En el 2025, ANT en cada región del país
A nivel nacional, La Reforma Agraria se consolida como uno de los principales legados del Gobierno Petro al pueblo colombiano. Los resultados durante la vigencia 2025 marcan un avance sin precedentes en el acceso, la formalización y el ordenamiento de la tierra en Colombia. Durante este periodo, la Agencia Nacional de Tierras, bajo el liderazgo de su director Juan Felipe Harman, impactó más de 2.5 millones de hectáreas en todo el país, consolidando la política agraria del Gobierno del presidente Gustavo Petro. De este total, 703.121 hectáreas fueron gestionadas para acceso a la tierra de familias campesinas, comunidades indígenas y afrocolombianas, mientras que 1.878.711 hectáreas fueron formalizadas, garantizando seguridad jurídica en el campo.
Además, la entidad contó con una asignación presupuestal de $1,7 billones, con una ejecución del 79,9 %, y mantuvo presencia territorial en 29 puntos de atención. En materia de ordenamiento y justicia territorial, la ANT alcanzó 27 Zonas de Reserva Campesina, de las cuales 20, que representan más de 1.128.456 hectáreas, fueron constituidas durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y consolidó el primer Territorio Campesino Agroalimentario de 6.286 hectáreas en el Cesar.
Asimismo, gestionó más de 113.723 hectáreas a favor de pueblos étnicos, amplió 103 resguardos indígenas que abarcan 942.664 hectáreas, constituyó 133 nuevos resguardos con 319.104 hectáreas y tituló 105 territorios colectivos de comunidades negras. Al cierre de la Audiencia de Rendición de Cuentas en Santa Marta, el director Harman entregó 1.119 hectáreas a 1.075 familias campesinas del Magdalena, reafirmando el avance de la Reforma Agraria con resultados concretos en el país.
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