La historia parece repetirse, pero con los papeles invertidos. La administración del alcalde Alexander Baquero acaba de firmar un millonario convenio para realizar una nueva actualización catastral en Villavicencio, el mismo proceso que en el pasado fue duramente cuestionado por él y su equipo político cuando lo impulsó la administración anterior. El argumento ahora es fortalecer el recaudo tributario y actualizar la información predial del municipio, un discurso que contrasta con el que manejaban desde la oposición.
El contrato, por un valor superior a los 2.400 millones de pesos, fue suscrito entre la Alcaldía de Villavicencio y la Empresa de Tecnologías y Servicios Alborada EICE. Según el documento, la actualización será con enfoque multipropósito e incluirá el levantamiento de información física, jurídica y económica, tanto en zonas urbanas como rurales, además de la generación de bases cartográficas y alfanuméricas actualizadas.
Lo que llama la atención es que esta decisión revive uno de los temas más polémicos del pasado reciente: el ajuste masivo de los avalúos catastrales. En su momento, cuando se aplicó una fórmula técnica bajo supervisión del IGAC, el hoy alcalde Baquero junto a varios concejales y líderes comunitarios que hoy hacen parte de su círculo calificaron el proceso como un “atropello fiscal” que afectaba gravemente a los ciudadanos. Acusaban que los avalúos se incrementaron sin socialización, generando cobros prediales injustos, y exigían suspender o reversar la medida.
Sin embargo, hoy desde el gobierno, esos mismos actores no solo respaldan el proceso, sino que lo promueven activamente. En el clausulado del contrato se establece claramente que una de las principales motivaciones de la actualización es “incrementar el recaudo municipal” mediante el fortalecimiento de la base tributaria y la recuperación de información predial desactualizada. También se alega que el 40% del territorio cuenta con información obsoleta y el 60% restante está desarticulado metodológicamente, lo que dificulta la planeación y gestión del territorio.
Para muchos ciudadanos, la contradicción es evidente: los mismos que antes protestaban por el alza de avalúos y los cobros prediales, hoy ejecutan un nuevo censo que podría derivar en aumentos similares o mayores, todo en nombre del recaudo y la eficiencia administrativa.
Lo que se criticó desde la calle, hoy se impulsa desde el escritorio. El tiempo y el poder, una vez más, reacomodan los discursos.
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