Un nuevo error administrativo pone en entredicho el rigor con el que el alcalde Alexander Baquero Sanabria está liderando los procesos de nombramiento en la Alcaldía de Villavicencio. Mediante el Decreto 140 de 2025, el mandatario municipal se vio obligado a revocar funciones disciplinarias otorgadas a un funcionario que no cumplía con los requisitos legales, apenas días después de haberlo nombrado.
Se trata del caso del señor German Eduardo Ayala Ayala, quien fue designado como Secretario de Despacho de la Secretaría de Gobierno y Postconflicto mediante el Decreto 0135 del 11 de julio. A Ayala le fueron asignadas funciones relacionadas con el juzgamiento en procesos disciplinarios internos. Sin embargo, el mismo alcalde tuvo que reconocer después, en el nuevo decreto, que Ayala no podía ejercer dichas funciones por no ser abogado, un requisito fundamental establecido por el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021).
⚠️ ¿Falta de control o improvisación?
La situación plantea serios cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación y control dentro del despacho del alcalde. ¿Cómo fue posible que se nombrara a un funcionario en funciones legales tan sensibles sin verificar previamente si cumplía con los requisitos mínimos?
El error no es menor: la designación afectaba directamente la legalidad de los procesos disciplinarios adelantados contra servidores públicos, poniendo en riesgo la validez de decisiones internas que, por ley, deben ser adoptadas por personal con formación jurídica.
🔄 Alcalde reacciona, pero el daño institucional ya está hecho
En un intento por corregir el error, el alcalde Baquero reasignó estas funciones al cargo de Secretaria de Despacho de la Secretaría de la Mujer, asegurando que allí sí se cuenta con un funcionario abogado. Aunque la medida pretende restaurar la legalidad, no borra la improvisación evidenciada ni las posibles consecuencias legales de los actos ya firmados bajo esa estructura.
El Decreto 140 también aclara que esta nueva asignación será temporal, hasta que se actualice el Manual de Funciones y Competencias Laborales del Municipio.
🧭 Un llamado a la responsabilidad
Este episodio no puede ser visto como un simple trámite interno. Se trata de una omisión directa bajo la administración del alcalde Baquero, quien firmó ambos decretos, primero nombrando sin cumplir la ley y luego corrigiendo bajo el argumento de que el funcionario no tenía el perfil.
La transparencia y el cumplimiento de la norma no pueden estar sujetos a la corrección posterior de los errores. Los nombramientos públicos deben ser rigurosos desde el primer momento, más aún cuando involucran el ejercicio del control disciplinario, pieza clave en la vigilancia de la función pública.
La ciudadanía, los entes de control y los medios de comunicación deben seguir de cerca estos actos administrativos que, más allá del formalismo legal, ponen en entredicho la capacidad de la actual administración para garantizar procesos meritocráticos, legales y responsables.
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